Seis importantes y muy
representativas Cámaras industriales nacionales reaccionaron ante el dictado
del Decreto 629-17 publicado en el Boletín Oficial del 10-08-2017, que dispuso
un nuevo Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria
Hidrocarburífera, desgravando y facilitando su importación, aun cuando los
mismos se fabriquen en el país.
El Régimen responde al esfuerzo
del gobierno nacional tendiente a la promoción de las inversiones productivas,
sobretodo en la industria hidrocarburífera no convencional, tanto para aumentar
la productividad así como la generación de empleo, como es claramente el caso
de Vaca Muerta.
Sin embargo, la medida que
afectará a centenares de fábricas argentinas y miles de trabajadores, fue
objetada por el sector proveedor integrado por la Cámara Argentina de
Fabricantes de Acoplados y Semirremolques -CAFAS-; Cámara de Fabricantes de
Máquinas y Equipos para la Industria -CAFMEI-; Cámara Argentina de Proveedores
de la Industria Petro-Energética -CAPIPE-; Cámara Argentina de Pymes
Proveedoras de la Industria de Telecomunicaciones -CAPPITEL-; y Grupo Argentino
de Proveedores Petroleros -GAPP-, quienes se dirigieron al Presidente de la
Nación y a todos los Ministros firmantes del Decreto, así como a las Comisiones
de Industria de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a efectos de
prevenir que con un decreto simple se instrumente un régimen cuya implementación
perjudicará irremediablemente a muchas de las fábricas radicadas en el país,
principalmente pymes que estas mismas entidades representan.
Esta normativa permite importar
equipos usados, la mayoría de los cuales hoy son fabricados habitualmente con
tecnología argentina en el país, siendo imposible la competencia con la
sobre-oferta internacional de equipos usados. Asimismo, considerando que un
bien de capital una vez importado de manera definitiva elimina el requerimiento
del mismo en el mercado local suprimiendo la demanda de equipos por los
próximos años, se lesionará en forma irreversible este conjunto de industrias y
a su cadena de valor, afectando a miles de puestos de trabajo.
Por ello, las Cámaras
solicitaron se deje sin efecto y se proceda a la inmediata suspensión del
Régimen hasta tanto se evalúe correctamente el negativo impacto en las fuentes
de trabajo y en las industrias nacionales proveedoras.
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